Por: Marta María Vinocour Fornieri.

La potestad regulatoria aunque incipiente ha permeado la sociedad costarricense en los últimos años por lo que es importante señalar sus bases constitucionales y su origen, para una mejor comprensión del Derecho Regulatorio. Se comienza por los orígenes y características de la regulación, así como su naturaleza jurídica y potestades de imperio. Además, se establecen las características fundamentales que debe tener toda regulación económica para funcionar eficientemente.

Para efectos de Derecho Comparado se hace referencia a otros países como Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Argentina, Brasil y Chile para comparar el funcionamiento de los entes reguladores en distintos países.

La mayoría de los costarricenses están más relacionados en general con la fiscalización que ejerce la Contraloría General de la República en materia de la Hacienda Pública, que con el fenómeno de regulación de los servicios públicos económicos o con la regulación financiera. Esta circunstancia obedece probablemente, a que la existencia de la Contraloría General de la República y sus competencias, están expresamente plasmadas en nuestra Constitución Política vigente desde su inicio, mientras que el fenómeno de la regulación tanto de los servicios públicos económicos y la regulación financiera, es más reciente.

La pregunta fundamental de esta investigación consiste en preguntarnos ¿Cuán exitoso ha sido nuestro modelo de regulación de servicios económicos en general y en particular en la gestión privada del servicio de telecomunicaciones a partir del 2008, fecha en que se rompe el monopolio estatal en telecomunicaciones?

De esta pregunta general derivan dos preguntas que también son de nuestro interés ¿Podríamos tener una regulación de los servicios económicos en general y de la gestión de los servicios de telecomunicaciones más transparente? y ¿Podría ser la regulación de los servicios económicos, en general de la gestión de los servicios de telecomunicaciones una regulación más técnica y menos cautiva del Estado, los operadores y los usuarios?

La regulación de los servicios públicos económicos, sigue siendo incipiente y débil, pero existe. Hemos hecho un esfuerzo por darle soporte constitucional y lo hemos encontrado en los artículos 140 inciso 16) y 18), el artículo 50 y el artículo 74 de nuestra Constitución Política. El equilibrio en materia de regulación, en general, de los servicios públicos económicos, estriba en lograr una armonización entre la función del Estado de delegar la potestad sancionatoria y ejecutoria junto con la prestación del servicio público, los intereses de los operadores en obtener lucro eventualmente y los consumidores tener el acceso y la calidad en relación con esos servicios públicos económicos. Adicionalmente, la regulación evita o trata de evitar los conflictos de intereses, por una sana competencia en la regulación de la gestión privada de un servicio público, que incluye al Estado, los proveedores y a los usuarios.

El ente regulador, ARESEP, actúa estableciendo las tarifas y aumento de tarifas, así como velando por la calidad de los servicios mencionados. La Autoridad Reguladora de Servicios Públicos, en los últimos 10 años se ha convertido en una institución cuestionada y bajo el escrutinio de la sociedad costarricense.

Podemos afirmar que la ARESEP en los últimos años, no solamente ha sido cuestionada en cuanto a la regulación misma, en los aspectos fundamentales de tarifas y de calidad de los servicios, sino que además los gremios y los usuarios cuestionan en general irregularidades tales como: salarios, nombramientos, alquileres… e incluso el propio ministro de ambiente y energía se ha cuestionados si es conveniente la fiscalización del ente regulador.

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