Por: Javier Llobet Rodríguez

El populismo punitivo ha recibido una gran acogida en Costa Rica, atribuyéndole la problemática de la inseguridad ciudadana a la lenidad del sistema penal y a la defensa que dice que se ha hecho de los derechos de los delincuentes y no de los derechos de las víctimas. Se trata de una corriente que tiene sus bases en el realismo de derecha anglosajón. Reniega de los derechos humanos establecidos para la justicia penal y con ello de garantías como el debido proceso y el respeto de la dignidad humana de los privados de libertad. El “éxito” del populismo punitivo en Costa Rica ha conducido a un aumento vertiginoso de la cantidad de privados de libertad, especialmente a partir de 2010, que ha llevado a problemas de hacinamiento crítico en los centros penales, en contra del principio de dignidad humana y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Toda pretensión de tratar de combatir el hacinamiento carcelario no solamente a partir de la reubicación semi-institucional de privados de libertad, previo estudio caso por caso del Ministerio de Justicia, ha encontrado una gran resistencia por parte del populismo punitivo.

El éxito del programa represivo se mide por la cantidad de detenidos. Si se comprueba que ha aumentado la cantidad de privados de libertad es un gran logro. Desde la perspectiva del populismo punitivo, la política criminal de endurecimiento del sistema penal que se ha dado especialmente en los últimos años, ha sido un rotundo éxito, puesto que ha aumentado en forma vertiginosa y constante la cantidad de privados de libertad.

Carecen de importancia los efectos reales que provoca en la criminalidad y si la misma disminuye o no. Si no disminuye, lo que implica es que no se ha sido suficientemente duro y que hay que ser aún más duro.

Una propuesta garantista, como alternativa al populismo punitivo, debe llevar al reconocimiento de la necesidad del Derecho Penal y de la pena privativa de libertad, pero de un Derecho Penal respetuoso de la tradición ilustrada y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, todo sin perder la consideración de que no es a través de las leyes que se pueden cambiar realidades sociales, consecuencia de cambios estructurales, sino a través de una política social adecuada. Fundamental al respecto es la consideración de que a los condenados debe respetárseles su dignidad, lo que es la base de la legitimación de un Estado de Derecho. Ello lleva a la crítica del hacinamiento carcelario y al endurecimiento sin sentido del sistema penal, que ha hecho la situación en el sistema penitenciario insostenible, sin que se haya producido una disminución de la criminalidad.


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